Cundinamarca, septiembre de 2025 — En un hecho histórico para la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el departamento, la Gobernación de Cundinamarca instaló oficialmente el Consejo Departamental de Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derechos Humanos, Paz y Reconciliación.

Este espacio busca garantizar la participación de diversos sectores sociales, entre ellos mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto, campesinos, firmantes del Acuerdo de Paz, defensores de derechos humanos, comunidades LGBTIQ+, líderes religiosos, habitantes de calle, y —por primera vez— organizaciones que representan a migrantes, retornados y refugiados.


El Consejo nace de la Ordenanza 024 de 2024 y está conformado por 27 organizaciones de la sociedad civil junto a instituciones públicas departamentales. En su convocatoria participaron representantes de 22 municipios, lo que refuerza la visión territorial y pluralista de esta iniciativa.

Su misión principal será asesorar, acompañar y proponer acciones concretas en materia de derechos humanos, DIH, paz y reconciliación, asegurando que la voz ciudadana esté presente en la formulación de políticas públicas.

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La inclusión de organizaciones que trabajan con población migrante es un paso decisivo para avanzar en la protección de derechos y la construcción de oportunidades reales.

Esto significa:

• Espacios de representación directa, donde se escuchan las necesidades de quienes viven procesos de migración, retorno o refugio.
• Programas con enfoque humano, que no generalicen, sino que respondan a realidades específicas.
• Prevención de vulneraciones y fortalecimiento de la dignidad de comunidades que, con frecuencia, quedan invisibilizadas.
• Puentes de reconciliación, que reconozcan el aporte social, cultural y económico de la población migrante en Cundinamarca.


En la Fundación RadaBer celebramos la instalación de este Consejo porque representa una oportunidad concreta de incidencia y transformación social.

Nuestro compromiso será:

• Aportar datos, testimonios y experiencias que humanicen la política pública.
• Garantizar que la voz de la población migrante venezolana, retornada y refugiada esté presente en cada discusión.
• Promover que los acuerdos del Consejo se materialicen en los municipios donde trabajamos, beneficiando directamente a las comunidades.

Este logro abre un camino de esperanza, pero requiere compromiso colectivo para que se convierta en resultados tangibles. 

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